En un golpe contundente contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia emitió el 7 de mayo de 2025 una orden de captura contra Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024), y Andrés Calle, expresidente de la Cámara (2023-2024), por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Sala de Instrucción, liderada por el magistrado Francisco Farfán, ambos enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación, tras recibir sobornos de 4,000 millones de pesos para agilizar las reformas sociales y económicas del presidente Gustavo Petro en el Congreso.
La investigación se basa en las denuncias de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien confesó haber entregado 3,000 millones de pesos a Name, a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, y 1,000 millones a Calle, directamente en su apartamento en Montería. Los fondos, provenientes de sobrecostos en el contrato de 40 carrotanques para La Guajira, valuado en 46,800 millones de pesos, fueron canalizados en octubre de 2023, según Pinilla, para asegurar el apoyo legislativo. Ortiz, actualmente en prisión por lavado de activos y tráfico de influencias, confirmó los pagos a Name en dos entregas de 1,500 millones cada una, realizadas en el Hotel Tequendama Suites en Bogotá.
El caso, que también involucra a exfuncionarios como Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Carlos Ramón González (exdirector del Dapre), y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), revela una estructura criminal que operó desde 2023 para desviar recursos públicos. La Corte Suprema inspeccionó las oficinas de Name y Calle en febrero de 2025, recopilando pruebas que incluyen grabaciones de seguridad del Palacio de Nariño y registros financieros, fortaleciendo la acusación. Pinilla, condenado a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir y peculado, busca un principio de oportunidad a cambio de su testimonio.
Name y Calle han negado las acusaciones. Name, tras su indagatoria en noviembre de 2024, calificó las denuncias de Pinilla como “calumnias” y afirmó ser víctima de una “banda criminal”, mientras su abogado, Jaime Lombana, presentó una denuncia contra Pinilla y López por falsa denuncia. Calle, por su parte, llamó las acusaciones una “infamia” y expresó confianza en la justicia. Sin embargo, la orden de captura marca un punto crítico en el proceso, que podría derivar en medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Este escándalo no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo de corrupción que trasciende Bogotá y se arraiga en regiones como el Meta. Aquí, concejales y diputados han sido señalados históricamente por alinearse con el gobierno de turno, intercambiando votos y lealtades por contratos o favores políticos.
