Una nueva denuncia pone en la mira a la Gobernación de Guainía por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2022. Según una veeduría ciudadana, en el proceso contractual LP-SJC-019-2022 —destinado a mejorar la calidad educativa en el departamento— se habría presentado por parte del contratista (Consorcio Eduguainia: JMC Servicios Integrados SAS y Saros de Colombia SAS) una póliza de seriedad (No. 49-44-101028588) con inconsistencias en su numeración, lo que podría configurar un caso de falsedad documental.
La denuncia fue radicada ante el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, señalando que los números de la póliza no coinciden con los registros oficiales, lo que, a juicio de la veeduría, evidencia una posible alteración del documento.
El escándalo se agrava al conocerse que, pese a las advertencias, la Gobernación —bajo el liderazgo de Juan Carlos Iral Gómez— adjudicó un segundo contrato (LP-SJC-022-2022) al Consorcio Shalom Rural, conformada por Compañía de Alimentos Shalom SAS, Saros de Colombia SAS y 4H SAS. En esta nueva licitación para operar el PAE en distintas zonas escolares, reaparece Saros de Colombia SAS, una de las empresas que integró el cuestionado Consorcio Eduguainía.
La veeduría advierte que esta adjudicación podría violar las normas de contratación pública, al beneficiar a firmas previamente señaladas por supuestas irregularidades. Además, acusa a las autoridades de incurrir en un posible fraude procesal.
De confirmarse los hechos, podrían aplicarse los artículos 453 (Fraude Procesal) y 287 (Falsedad Material en Documento Público) del Código Penal Colombiano. La veeduría exige la anulación de ambos contratos, una investigación exhaustiva a las empresas involucradas y su inhabilitación para futuras contrataciones con el Estado, al considerar que estarían inmersas en presuntos delitos contra la administración pública.
