Durante la sesión del 19 de mayo en la Asamblea Departamental del Meta, comunidad de Puerto Lleras, expresaron el dolor de su pueblo, detallando cómo las aguas han destruido cultivos, desplazado familias y puesto en riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos. Según la comunidad, el 100% del casco urbano está inundado, y sectores rurales como Cárdenas y Tierra Grata enfrentan pérdidas incalculables. Nelson Bobadilla, agricultor de Tierra Grata, reveló que perdió 50 hectáreas de cacao, dejando a 35 familias sin sustento.
Frente a la inacción del gobierno, los habitantes de Puerto Lleras han tomado medidas desesperadas: construyeron un jarillón de más de 1 kilómetro con recursos propios para proteger el municipio, especialmente el sector Vocacional. Sin embargo, los líderes comunitarios, como Vicky Lamus y Elkin Ortiz, advirtieron que esta solución temporal no será suficiente si el invierno arrecia, como lo prevé el IDEAM para junio y julio. La comunidad clama por una intervención urgente de la Gobernación, pero las promesas de ayuda se ven opacadas por la falta de acción concreta.
La burocracia agrava la tragedia. Bobadilla denunció que, a pesar de alertas desde el 3 de mayo, no ha habido una presencia estatal significativa en las zonas rurales, dejando a comunidades como Tierra Grata y San Vicente Bajo a su suerte. Más del 60% del río Ariari se ha desviado hacia estas veredas, destruyendo fincas y desplazando familias, mientras las autoridades se limitan a ofrecer «mantas y palmaditas en la espalda». Los habitantes exigen ayuda, mientras el agua sigue subiendo y el riesgo de una catástrofe mayor se cierne sobre el municipio.
Aunque se aprobó una adición presupuestal de 6 mil millones de pesos para gestión del riesgo, con planes de adicionar 2 mil millones más, los diputados Jeasson Velázquez y Oswaldo Avellaneda advirtieron que estos fondos son insuficientes para enfrentar una crisis que afecta a 24 de los 29 municipios del Meta. Además, se propuso sacrificar metas del plan de desarrollo para priorizar la emergencia, evidenciando una falta de planificación que ha dejado al departamento vulnerable. Diputados como Santiago Pérez Tovar insistieron en que las intervenciones debieron realizarse en temporada seca, una medida que habría evitado el desastre actual.
