Mónica Karina Bocanegra Pantoja, representante por Amazonas, es acusada de desviar más de 24 millones de pesos a Luis Arturo Jairen, un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que nunca trabajó. El abogado Daniel Torre, quien presentó la denuncia ante el Consejo de Estado, señala que Jairen recibió millonarios pagos mientras estaba fuera de Colombia, sin cumplir ninguna función en la UTL, que debería apoyar las labores legislativas de la congresista. Este presunto uso indebido de recursos públicos destinados a una de las regiones más olvidadas del país ha desatado la furia de sus habitantes.
Las pruebas presentadas por Daniel Torre son contundentes: registros de pagos confirman que Luis Arturo Jairen recibió más de 24 millones de pesos a través de la UTL de Bocanegra, a pesar de no haber prestado servicios, lo que constituye un posible abuso de fondos públicos. La ley 2029 de 2020 permite el trabajo remoto para miembros de la UTL solo dentro del territorio nacional, por lo que estos pagos serían ilegales. La denuncia acusa a Bocanegra de traicionar la confianza de sus electores y de violar las normas éticas que rigen a los congresistas.
El caso toma un giro aún más grave: Jairen tiene antecedentes, pues fue vinculado por la Corte Suprema de Justicia a un esquema de nombramientos ficticios en la UTL del exrepresentante Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, donde también recibió pagos sin cumplir funciones reales. Daniel Torre solicita la pérdida de investidura de Bocanegra ante el Consejo de Estado, argumentando que su conducta viola el Artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, que sanciona el mal manejo de recursos públicos. De prosperar la solicitud, cuya audiencia está programada para el 11 de julio, Bocanegra enfrentaría la «muerte política», quedando inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular en el futuro.
