Resulta que en la Cámara de Comercio de Villavicencio, esa misma que debería estar promoviendo el desarrollo regional y el respeto a la ley, decidieron darle una lección de “cómo NO tratar a un ser humano” a Yosy Solangy Garzón, trabajadora sindicalizada, madre cabeza de familia y con condiciones de salud especiales. ¿Y qué hizo ella para merecer esto? Simple: atreverse a estar afiliada a un sindicato.
La señora Yosy tenía estabilidad laboral reforzada por dos vías: su condición médica y su rol como madre cabeza de hogar. Pero a la Cámara de Comercio de Villavicencio le dio lo mismo, y la sacaron como si fuera un mueble viejo. Claro, la justicia, que a veces sí aparece, ordenó su reintegro inmediato a un cargo igual o mejor.
Pero como en esta tragicomedia todo puede empeorar, la Cámara de Comercio dijo: “¿Reintegrarla? Claro que sí, ¡pero en Mitú!”. Así como lo oyen: la mandan a más de mil kilómetros de su casa, de su familia y de sus médicos, como si estuvieran reubicando un archivo y no una persona.
¡Qué gesto tan humano! Una propuesta digna del Nobel a la indolencia laboral. Porque si hay algo que a esta institución le encanta, es hacerle la vida imposible a quienes exigen sus derechos. Y si están sindicalizados, ¡mejor! Así el castigo es doble.
En SINALTRACAMACOM, el sindicato nacional, pegaron el grito en el cielo y denunciaron este acto como lo que es: una venganza sindical disfrazada de procedimiento administrativo. Y lo dijeron clarito: esto no solo es persecución, es desacato judicial, violación de derechos humanos, y un descarado “me vale cinco” a la dignidad laboral.
Y mientras tanto, ¿el Ministerio del Trabajo? ¿La Defensoría del Pueblo? Bien, gracias. En modo “avísenme cuando ya se haya vulnerado todo”.
