Mientras en Villavicencio las basuras se recogen con regularidad (más o menos), los recicladores hacen lo que pueden y los botaderos siguen funcionando como si estuviéramos en los 90, hay un pequeño gran detalle que se les olvidó: actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
Así lo acaba de poner en evidencia nada menos que el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien lanzó una advertencia clara: hay por lo menos 20 entes territoriales que están jugando al escondite con esta obligación legal. Y sí, Villavicencio está en la lista.
El Ministerio Público prendió las alarmas porque actualizar el PGIRS no es un favor al medio ambiente ni una sugerencia ecológica: es una responsabilidad legal que define cómo se maneja la basura, cómo se adapta la ciudad a las nuevas normas y cómo se articulan las decisiones con las necesidades reales de la comunidad.
Pero Villavicencio no está sola. También aparecen otras joyitas como Cali, Popayán, Sincelejo, Manizales, Pasto, Riohacha, Neiva, Yumbo, Itagüí, Bello y La Estrella, además de varios municipios cundinamarqueses: Madrid, Funza, Cota, Chía, Mosquera, Soacha, Ricaurte y Cajicá.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública fue la que sacó a la luz este listado nada honroso, recordando que sin PGIRS actualizado no hay manera real de planear la gestión de residuos, ni de cumplir con los estándares ambientales que exige la ley.
¿El riesgo? Más allá del caos en la recolección o el nulo aprovechamiento de residuos, es que puedan iniciarse procesos disciplinarios. Porque dejar vencer el PGIRS no es un simple descuido administrativo: es una señal de que la basura no se está tomando en serio.
Villavicencio debería ir más allá de recoger bolsas: debería estar pensando en cómo reducir residuos, promover el reciclaje y garantizar un sistema ambientalmente responsable. Pero sin un plan actualizado, todo eso suena a discurso reciclado.
