En San José del Guaviare, dos personajes habrían cruzado la delgada línea entre el emprendimiento privado y la usurpación de funciones públicas. Javier Iván Páez Pedraza y Edgar Felipe Romero Barbosa no tenían contrato alguno con la Alcaldía, pero aun así figuraron en actas oficiales, aparecieron en fotos promocionando filtros, se sentaron en reuniones técnicas y hablaron como si fueran delegados públicos.
Una revisión de La Mermelada a documentos del contrato de $33.000 millones firmado en 2022 entre EMPOAGUAS E.S.P. y el Consorcio WP, con recursos de regalías OCAD-PAZ, revela que Páez y Romero aparecen en el acta del 7 de octubre de 2021 como parte del equipo de planeación. Pero cuando consultamos directamente a la Alcaldía de San José del Guaviare, la respuesta fue contundente: ninguno de los dos ha tenido, ni ha tenido nunca, vínculo contractual con la entidad.
Es decir, lo que a simple vista parecía gestión pública, podría ser en realidad un caso de usurpación de funciones públicas, una conducta penal que no solo pone en entredicho la legalidad del proceso, sino que levanta serias alarmas sobre quién tomó decisiones en nombre del Estado sin tener legitimidad para hacerlo.
Y si el inicio del contrato ya era turbio, su ejecución fue un auténtico desastre. El proyecto prometía llevar agua potable a escuelas rurales con la instalación de 113 filtros de potabilización. En lugar de eso, lo que llegó fueron quejas por olores fétidos, sabor a caucho, óxido, exceso de cloro y, lo más grave, niños enfermos.
La Contraloría General no tardó en intervenir y lo dejó clarito: el 100% de los sistemas de potabilización presentan riesgo medio o alto. No son aptos para consumo humano. Y por si fuera poco, muchos fueron instalados fuera de plazo, conectados a tuberías sin agua o simplemente abandonados en instituciones educativas.
Pero los protagonistas del escándalo no se quedaron quietos. Páez, mientras posaba junto a los filtros empacados, promovía los equipos como si fueran tecnología espacial. Romero, su socio, incluso hizo demostraciones públicas con su pareja probando los filtros “mágicos”. Los resultados fueron un chiste… de mal gusto.
A pesar del hallazgo fiscal por la totalidad de los $33 mil millones, Romero sigue en el ruedo: ha promocionado los mismos filtros en Vichada, Mitú y ahora también tiene contrato por $1.464 millones en Lejanías, Meta, con anticipo del 50%. Todo esto, mientras el agua limpia sigue siendo un lujo en las escuelas rurales del Guaviare.
El caso recuerda otros episodios turbios con filtros de agua en el Meta, durante la administración del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, y alimenta la sospecha de que los recursos de regalías en municipios PED (Poblaciones Especialmente Desfavorecidas) están siendo manejados sin control ni vergüenza.
En San José del Guaviare, la comunidad exige respuestas. Porque mientras unos jugaban a ser funcionarios y hacían negocios turbios con agua contaminada, los niños bebían promesas disfrazadas de solución.
