En Colombia, los capos no nacen: se estrenan como si fueran estrellas de un reality. Tal es el caso de Ignacio Álvarez Meyendorff, mejor conocido en el bajo mundo como el “Gran Hermano”, un narco que vigilaba la cocaína desde el cartel del Norte del Valle.
Socio de peso de Daniel “El Loco” Barrera, Meyendorff no se conformaba con mover cargamentos de droga. No, señor. También lavaba plata con la delicadeza de quien usa Suavitel, tanto que en los llanos del Meta dejó un portafolio de fincas que parecía catálogo de finca raíz. Terrenos que luego terminaron en proceso de extinción de dominio, y que hoy la Agencia Nacional de Tierras anda recuperando como si fueran tesoros olvidados en una bodega estatal.
En 2011, este “empresario” de la coca decidió que Colombia le quedaba chiquita y se fue a Buenos Aires, Argentina, donde vivía muy orondo con su familia. Allá se disfrazó de vecino respetable: el tipo que te saluda en el ascensor, pero que en realidad tenía más vínculos con carteles que el director de Narcos. Hasta que un día lo pillaron y lo extraditaron a Estados Unidos, donde, seguramente, sus historias de capo deben sonar como audiolibros de autoayuda en versión criminal.
Lo irónico es que mientras Meyendorff descansaba en cárceles gringas, en Colombia sus tierras se llenaban de telarañas legales: procesos de extinción de dominio que duraron más de una década. Pero tranquilos, que al fin el Estado “recuperó” los predios y hoy los vende como un logro de la Reforma Agraria: de las mafias para los campesinos, un trueque que llegó tarde pero llegó.
Meyendorff, el “Gran Hermano” de la mafia, terminó preso, sus fincas repartidas, y su legado no será otro que recordarnos que en Colombia hasta los capos terminan alimentando los discursos oficiales. Eso sí, siempre diez años después, porque este país es puntual… para llegar tarde.
