En la Asamblea del Guaviare parecen haber confundido el manual de contratación pública con un recetario de cocina rápida. La Procuraduría General de la Nación decidió abrirles investigación a la mesa directiva —con todo y presidenta Maidey Lizeth Acevedo Laguna, su primer vicepresidente Carlos Iván Flórez Ruiz y el segundo vicepresidente Alexander García Rodríguez— por aquello de que, cuando se trata de seleccionar contratista para escoger contralor, lo mejor es hacer la receta con “mínima cuantía”: rápido, barato y, sobre todo, a gusto del chef.
El menú incluyó el diseño, aplicación y calificación de pruebas para contralor 2026-2029, más el secretario general versión 2025, como si fueran dos combos ejecutivos con gaseosa incluida. Pero la Procuraduría ahora quiere saber si al sazón le echaron un poquito de “selección subjetiva” y un toque de “transparencia opaca”.
Y claro, el plato principal parece haber tenido un nombre propio: la Universidad de la Costa, servida en bandeja de plata como la favorita de la carta. Eso sí, todo con el sello de “proceso objetivo”, que en versión criolla se traduce como: “objetivo, pero para los de siempre”.
La investigación también abarca el nombramiento del secretario general de la corporación, porque, aparentemente, en la Asamblea del Guaviare la democracia se cocina con los mismos ingredientes de siempre: conveniencia, rapidez y un ligero aroma a irregularidad.
Mientras tanto, la mesa directiva ya debe estar preparando su defensa con la misma receta: un poco de olvido selectivo, una pizca de excusa reglamentaria y una cucharadita de “yo no fui”.
