En Puerto López, Meta, el Gobierno Nacional apareció con bombos, platillos y drones para anunciar que, gracias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), más de 1.500 hectáreas ahora cambiarán de manos: de mafiosos de antaño a campesinos de hoy. Un trueque histórico digno de telenovela, porque estas fincas —Palomar, Calanday, Malapetriva, La Reforma y La Rubiela— pasaron de ser guaridas criminales a vitrinas de la Reforma Agraria versión 2025. Un trueque histórico digno de telenovela, porque estas fincas —Palomar, Calanday, Malapetriva, La Reforma y La Rubiela— pasaron de ser guaridas criminales a vitrinas de la Reforma Agraria versión 2025.
Los predios, que llevaban más de una década en el purgatorio jurídico de la SAE, sufriendo la extinción de dominio más lenta que fila de EPS, ahora deberán convertirse en proyectos productivos y sostenibles. Eso sí, con la condición de que los campesinos hagan en meses lo que los burócratas no lograron en diez años: volver fértil lo que estaba ocupado por vacas flacas y expedientes gordos.
El acto fue tan solemne como siempre: funcionarios repartiendo discursos reciclados sobre “justicia social”, campesinos sonriendo con la ilusión de que esta vez sí haya crédito, vías y semillas, y periodistas buscando la mejor toma del ministro entregando escrituras como si fueran premios de un reality show.
En conclusión, Puerto López se viste de esperanza: tierras que antes producían miedo, ahora deben producir yuca, maíz y bienestar. Eso sí, siempre y cuando la Reforma Agraria no termine siendo, como tantas veces, un proyecto más extinto que las mismas mafias a las que le quitaron las fincas.
