Resulta que en Villavicencio las dobles calzadas no solo tienen carriles, sino también doble contabilidad, doble paciencia ciudadana y doble bendición judicial. Y es que, como por arte de magia —o de toga bien planchada—, la justicia decidió que la investigación por interés indebido en la celebración de contratos quedaba más precluida que puente en invierno.
El contrato 103 de 2016, inicialmente presupuestado en la “módica” suma de $82.382 millones, terminó costando $118.013 millones, porque en esta tierra los millones crecen como maleza en invierno. La obra, que debía entregarse en octubre de 2018, apareció recién en enero de 2023, es decir, casi cinco años después, pero claro, con un lindo moño de modificaciones cuestionables que la hicieron más cara que la paciencia de los villavicenses.
Los beneficiados por la varita mágica de la preclusión fueron Ana Elvia Carranza Acosta, Carlos Enrique Prieto Inocencio, Edgar Santacruz Morales, Iván Alberto Pérez Gómez y Mauricio Mejía Hoyos. Este último, por cierto, no solo fue el representante legal de la Unión Temporal Dobles Calzadas, sino que también es socio de Pérez Gómez, el mayor contratista en el Meta y, de ñapa, primo hermano de Carmelo Pérez, esposo de la exgobernadora Marcela Amaya. O sea, aquí la doble calzada vino con doble apellido, doble parentesco y doble escándalo.
Pero no se queden ahí: detrás de este festín multimillonario también desfilaron nombres como el exgerente del AIM Juan José Casasfranco Medellín, la mismísima exgobernadora Marcela Amaya y otros funcionarios que vieron en el contrato una autopista directa al progreso… personal.
Mientras tanto, la ciudadanía se indigna, los medios preguntan, y la justicia —muy campante— saca su as bajo la toga: “imposibilidad de continuar con la acción penal”. ¡Qué belleza! Aquí no hay culpables, solo víctimas: los contratistas de sus apellidos, la justicia de su ceguera y los ciudadanos de su ingenuidad.
