Puerto Nariño, Amazonas, atraviesa una fuerte crisis institucional tras conocerse que el hijo del alcalde, Jhon Edilberto Suárez Trujillo, enfrenta desde el 7 de mayo de 2025 una denuncia por el delito de acto sexual con menor de 14 años, proceso que adelanta el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de conocimiento y garantías del Distrito Judicial de Cundinamarca – Amazonas.
El pasado 17 de septiembre de 2025 estaba programada la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, pero no se llevó a cabo debido a que el denunciado no se presentó, alegando problemas de salud. El despacho judicial reprogramó la diligencia para el próximo 23 de septiembre a las 10:00 a.m.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Suárez Trujillo estaría buscando renovar el censo indígena con el propósito de obtener beneficios judiciales y cumplir una eventual condena en el cabildo indígena.
El alcalde también en la mira judicial
El caso de Suárez Trujillo se suma a las denuncias que pesan contra su padre, el actual alcalde de Puerto Nariño, Edilberto Suárez Pinto, quien fue denunciado por acoso sexual por una mujer de la comunidad indígena Yagua, contratada como recepcionista del despacho a inicios de 2024.
En su denuncia, la víctima relató que el alcalde la sometió a insinuaciones sexuales —“¿cuándo me das un beso?”, “quiero tetica”— y a gestos obscenos. Además, habría pasado al contacto físico forzado, besándola sin consentimiento y tocándola de manera inapropiada.
La mujer aseguró que, además del acoso sexual, fue víctima de acoso laboral y discriminación racial, pues Suárez Pinto se refería a miembros de comunidades indígenas como “callados” y “bobos”.
La denuncia fue interpuesta en mayo de 2024, pese al temor de la mujer por posibles represalias en su contra. Sin embargo, la víctima denunció que la Fiscalía de Puerto Nariño modificó los delitos al abrir la investigación, reemplazándolos por injuria por vía de hecho, figura penal que no corresponde a los hechos de acoso sexual, acoso laboral, discriminación racial ni al daño psicológico sufrido.
Comunidad en alerta
La víctima, miembro de un grupo étnico protegido constitucionalmente, se encuentra actualmente en una situación de vulnerabilidad y teme por su integridad frente a posibles intimidaciones.
Estos procesos judiciales, que involucran tanto al alcalde como a su hijo, han generado preocupación en Puerto Nariño, donde las comunidades indígenas y organizaciones sociales exigen que se respeten los derechos de las víctimas y que se garantice la independencia judicial en el trámite de las investigaciones.
