La Corte Constitucional acaba de admitir la demanda presentada por el mismísimo director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿El tema? El Decreto Ley 902 de 2017, ese Frankenstein jurídico que prometía repartir 3 millones de hectáreas y terminó convertido en un rompecabezas con piezas de otros juegos.
El alto funcionario, con cara de “yo solo quería cumplir el Acuerdo Final, no armar otro pleito”, dice que la fase judicial del Procedimiento Único es como pedirle a un juez que se siente en una silla que aún no existe: la Jurisdicción Agraria. Y sí, ahí estamos, con un partido que se juega sin árbitro, pero con hinchada, balones y hasta tarjetas rojas.
La propuesta es de colección: que se declare inexequible (pero solo un poquito) la etapa judicial, hasta que no aparezca la tan prometida Jurisdicción Agraria. Mientras tanto, que sea la Agencia Nacional de Tierras la que decida de fondo sobre el Procedimiento Único. O sea: “si no hay juez, pues yo me pongo la toga, la peluca y hasta el martillo de madera”.
¿Y qué es el Procedimiento Único? Esa varita mágica que debería resolver desde quién ocupa baldíos como si fueran su finca de descanso, hasta deslindar tierras de la Nación que parecen loteadas con regla torcida. También sirve para clarificar propiedades que ni el mismísimo Google Maps entiende y, de ñapa, extinguir dominio a quien pensó que la tierra ajena era herencia divina.
La Corte abre la puerta, la Agencia pide pasar y los campesinos siguen mirando por la ventana, preguntándose si algún día esos 3 millones de hectáreas dejarán de ser promesa y se convertirán en algo más que letra chiquita de un decreto que nació cojo.
