En Puerto López, donde la ley parece un mito urbano y los concursos de méritos están en vía de extinción, la Procuraduría decidió ponerle la lupa a la mesa directiva del Concejo Municipal.
Los protagonistas son Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, acusados de haber contratado —con todo el mérito del mundo, pero sin cumplir los méritos legales— a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg) para elegir al nuevo personero municipal 2024-2028.
El pequeño detalle, según la Procuraduría, es que Corfaneg no tenía ni la experiencia ni el objeto social para hacer ese tipo de procesos, lo que es casi como contratar a un mariachi para hacer una cirugía a corazón abierto.
El ente de control, con su habitual paciencia institucional, calificó la conducta de los concejales como grave y a título de dolo, es decir: sabían que la estaban embarrando, pero igual firmaron. Porque nada dice “vocación de servicio público” como un contrato fuera de norma.
Mientras tanto, la Procuraduría recuerda —por si alguien en el Concejo aún no lo sabía— que los cabildantes deben proteger el interés colectivo y cumplir la ley, no interpretarla como si fuera un cuento de hadas.
Eso sí, los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa. Aunque con suerte, tal vez terminen concursando por otro mérito: el de la mejor improvisación administrativa del año.
