En un hecho que algunos en el Meta califican como “un acto de justicia divina”, la Corte Suprema de Justicia condenó a 19 años de prisión al exgobernador del Meta Juan Manuel González Torres, tras encontrarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros.
Según la decisión judicial, durante su administración entre 2006 y 2007, la Gobernación del Meta habría convertido la contratación pública en una especie de feria empresarial donde los contratos salían más rápido que las empanadas en festival patronal. La investigación reveló que 38 contratos fueron suscritos de manera irregular, comprometiendo recursos públicos en patrimonios autónomos manejados por empresas privadas.
Para darle un toque más sofisticado al asunto —porque cuando se trata de mover plata pública siempre hay que ponerle traje elegante— los recursos terminaron administrados por fiduciarias como Fiduagraria y Fidupetrol.
La Corte concluyó que los contratos no cumplían con los requisitos legales y que el manejo de los recursos terminó favoreciendo a terceros, lo que en lenguaje ciudadano se traduce como: la plata pública salió a pasear y no todos supieron a qué bolsillo regresó.
Con esta sentencia, el exgobernador tendrá 19 años para reflexionar —seguramente sin fiducias, sin patrimonios autónomos y, sobre todo, sin la tentación de firmar contratos con la misma velocidad con la que otros firman autógrafos en campaña.
Mientras tanto, en el Meta muchos ciudadanos esperan que este fallo no sea solo una anécdota judicial más, sino una señal de que la justicia, aunque a veces llegue en bus intermunicipal, eventualmente llega.
