El desarrollo urbano de Acacías, Meta, ha estado históricamente marcado por una tensión constante entre el crecimiento demográfico y la capacidad de control institucional. Durante la última década, se ha observado un fenómeno persistente de urbanismo ilegal, caracterizado por la parcelación y venta de predios sin las licencias correspondientes ni la infraestructura de servicios públicos básica. Este flagelo no solo desafía el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), sino que compromete la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos.
La Continuidad del Desorden (2016-2027)
Al analizar las administraciones recientes, se percibe un patrón de permisividad que ha permitido la consolidación de asentamientos irregulares. Durante el periodo de Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez (2016-2019), el municipio experimentó una expansión desmedida hacia zonas rurales. A pesar de las denuncias sobre la venta de «lotes con servicios» que no cumplían con la normativa técnica, la respuesta administrativa fue insuficiente. La falta de procesos de demolición efectivos y la débil vigilancia en las inspecciones de policía permitieron que proyectos ilegales se comercializaran a plena vista del público.
Con la llegada de Eduardo Cortés Trujillo (2020-2023), la problemática no solo persistió, sino que se agudizó. Bajo su mandato, el urbanismo ilegal encontró un terreno fértil en la reactivación económica post-pandemia. Informes de veedurías ciudadanas y órganos de control señalaron que, si bien se emitieron actos administrativos de sanción, la ejecución real de estas medidas fue nula. Esta omisión generó una percepción de impunidad, incentivando a los urbanizadores piratas a continuar con la preventa de terrenos en áreas de protección ambiental o de riesgo, sin que la administración ejerciera el rigor necesario para detener la ocupación del suelo.
Actualmente, bajo la administración de Carlos Julio Plata Becerra (2024-2027), el reto sigue vigente. Los primeros informes sugieren que las estructuras de urbanismo informal heredadas continúan operando bajo nuevas fachadas. La omisión administrativa en este periodo se refleja en la lentitud para fortalecer la Secretaría de Planeación y dotar a los inspectores de las herramientas jurídicas y operativas para intervenir las obras en curso. La ausencia de una política de vivienda formal robusta deja a la población vulnerable a merced de estafas inmobiliarias, mientras el Estado observa de manera pasiva.
Un Fenómeno Regional
Es fundamental comprender que Acacías no es una isla en este contexto de desorden territorial. El flagelo del urbanismo ilegal se extiende como una mancha de aceite por el piedemonte y la altillanura. Municipios como Granada, Cubarral, Lejanías y Vista Hermosa enfrentan desafíos similares en la gestión del suelo rural. Asimismo, en el corredor hacia el oriente, Puerto López y Puerto Gaitán luchan contra la parcelación descontrolada ligada a la bonanza agroindustrial y petrolera.
Incluso la capital, Villavicencio, padece una presión urbana que desborda sus límites administrativos, creando conurbaciones informales difíciles de sanear. Esta problemática trasciende fronteras departamentales, afectando a regiones vecinas como Casanare, Guaviare y Vichada, donde la debilidad institucional y la vasta extensión del territorio facilitan la ocupación ilegal. Sin una acción coordinada y un ejercicio riguroso de la autoridad, el urbanismo ilegal seguirá dictando el futuro del territorio, por encima de las leyes y el bienestar común.
