Es pertinente traer a la memoria el proceso judicial en torno a una de las figuras más visibles de la política llanera. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia dictó en su momento resolución de acusación formal contra la exrepresentante a la Cámara por el departamento del Meta, Claudia Marcela Amaya García, llamándola a juicio por el delito de concusión continuada. Los señalamientos que pesan en su contra apuntan a que, durante los años 2012 y 2013, presuntamente exigió de manera reiterada sumas de dinero a un integrante de su propio equipo de asesores.
Amaya García es ampliamente recordada en la región por haber alcanzado posteriormente el cargo de gobernadora del Meta. Además, se encuentra estrechamente vinculada a la tradición legislativa local a través de su esposo, Jorge Carmelo Pérez Alvarado, quien también ocupó en el pasado una curul como representante a la Cámara por el mismo departamento.
Para contextualizar el impacto de este episodio en la carrera de la exgobernadora, conviene recordar el funcionamiento de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Estos equipos constituyen el soporte técnico y político de los congresistas. El Estado asigna a cada parlamentario una bolsa de empleo que puede alcanzar hasta los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con base en los valores económicos actuales de este año 2026, dicho presupuesto equivale a cerca de $100 millones de pesos mensuales, una suma que cada legislador distribuye con total autonomía para contratar a sus asistentes.
La naturaleza del delito de concusión
La ley colombiana siempre ha castigado con severidad la alteración o el desvío de estos recursos laborales. Exigir o retener parte del sueldo a los integrantes de una UTL o a cualquier subalterno es una práctica ilegal tipificada como concusión.
Este delito se configura cuando un funcionario público abusa de su posición de poder o de su cargo para constreñir, inducir o exigir dinero a una persona a cambio de permitirle realizar sus labores o mantener su puesto dentro de la institución.
Un patrón en el archivo judicial del Congreso
El caso que salpicó a la exgobernadora del Meta no se puede ver de manera aislada; por el contrario, se suma a un historial de conductas similares en el Capitolio que han dejado sentencias en firme y diversas investigaciones a lo largo de las últimas décadas.
Si se repasa el archivo de la Corte Suprema, el alto tribunal ya ha emitido condenas contundentes por este mismo comportamiento a exparlamentarios de diversas vertientes políticas:
- Tatiana «Tata» (Centro Democrático): Condenada por su gestión como representante por Bogotá en el periodo 2014-2018.
- Argenys Velásquez (Partido Liberal): Sentenciada por irregularidades con su equipo de trabajo en el departamento de Putumayo (2014-2018).
- Luis Enrique Salas (Partido de la U): Excongresista por Bogotá, hallado responsable por hechos cometidos durante los periodos 2002-2006 y 2006-2010.
- Manuel Antonio Carebilla (Cambio Radical): Condenado por malas prácticas con su UTL en el departamento de Amazonas durante el cuatrienio 2014-2018.
Otros procesos en la memoria institucional
La fiscalización de estos fondos públicos también ha mantenido bajo el escrutinio de la justicia a figuras de periodos más recientes. En los registros penales figuran indagaciones e investigaciones contra otros líderes políticos por presuntas conductas de la misma índole.
Entre los nombres que han estado bajo la lupa de los magistrados se encuentran David Racero, representante por Bogotá de la coalición Pacto Histórico durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026, y Carlos Alberto Carreño, integrante del partido Comunes y también legislador por la capital en el periodo 2022-2026.
Evocar el llamado a juicio de Claudia Marcela Amaya García permite tener presente la constante necesidad de mantener mecanismos estrictos de control interno en el Congreso, recordando que la protección de los salarios de los asesores es fundamental para evitar que los presupuestos estatales terminen desviados hacia el beneficio particular.
