La inconformidad de los usuarios de la Electrificadora del Meta (EMSA) sigue en aumento, esta vez por posibles irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la firma Sypelc, encargada de realizar las visitas técnicas derivadas de reclamaciones por alto consumo, errores en la toma de lectura o cobros excesivos en las facturas de energía.
Según múltiples reportes ciudadanos, Sypelc estaría incurriendo en prácticas que, de confirmarse, representarían una grave afectación al derecho de los usuarios a recibir un servicio público con calidad, eficiencia y transparencia. Testimonios coinciden en señalar que las visitas técnicas programadas para atender reclamaciones están siendo cerradas con supuestos soportes fotográficos que no corresponden con la realidad del terreno. En muchos casos, se ha detectado que una misma fotografía ha sido utilizada como “evidencia” para dar cierre a varias solicitudes, incluso cuando las ubicaciones geográficas de las reclamaciones son totalmente distintas.
Este patrón genera dudas razonables sobre la veracidad de los informes técnicos presentados por el contratista y plantea un serio cuestionamiento sobre el nivel de control y supervisión que ejerce EMSA frente a la labor de Sypelc.
¿Está la Electrificadora del Meta ignorando deliberadamente estas irregularidades? ¿Existe una omisión consciente por parte de la empresa frente a sus responsabilidades como garante del servicio?
Hasta el momento, EMSA no ha emitido una comunicación clara a la opinión pública sobre estas denuncias, y tampoco se conocen acciones contundentes que estén corrigiendo estos hechos. Mientras tanto, los usuarios continúan padeciendo cobros que consideran injustos, respuestas estandarizadas y una atención que deja más dudas que soluciones.
Resulta preocupante que, en un contexto de creciente desconfianza hacia los servicios públicos, una empresa de carácter estratégico como la Electrificadora del Meta no brinde garantías suficientes a los ciudadanos frente a la trazabilidad y veracidad de los procesos de revisión. ¿Cuál es la postura oficial de EMSA frente a estas denuncias? ¿Qué mecanismos de auditoría interna se están aplicando para validar que el contratista cumpla con lo pactado? ¿O simplemente se ha optado por mirar hacia otro lado?
Lo cierto es que esta situación no puede seguir siendo ignorada. La comunidad merece respuestas claras, verificables y, sobre todo, un servicio que esté a la altura de los principios constitucionales que rigen los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Es hora de que EMSA deje de guardar silencio y actúe con responsabilidad frente a quienes, mes a mes, cumplen con el pago de su factura esperando un servicio justo.
