Indignación en los ciudadanos de los departamentos de Meta, Casanare y Arauca, debido a los evidentes retrasos en la ejecución del Contrato de Concesión No. 010 de julio de 2015 firmado con la agencia nacional de infraestructura – ANI, adjudicado a la firma Concesionaria Vial del Oriente – Covioriente, cuya promesa de conectar eficientemente a estas regiones con el centro del país ha resultado, hasta la fecha, en promesas incumplidas, obras a medio hacer y diseños impuestos sin consenso ciudadano.
Desde la socialización inicial del proyecto en 2016, han transcurrido más de Nueve años de retrasos, afectando gravemente el comercio, la movilidad y la vida cotidiana de miles de personas. Particularmente crítica es la situación de la Unidad Funcional Uno, donde habitantes del municipio de Restrepo (Meta) ya han manifestado su disposición a acudir a vías de hecho ante la inacción institucional y la imposición de diseños que no responden a las necesidades reales del territorio.
El pasado miércoles 21 de mayo, una comitiva conformada por funcionarios de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), representantes de Covioriente, veedurías ciudadanas y comunidad en general, realizó un recorrido por los tramos más críticos. En dicha diligencia pública, se reiteraron las exigencias para que las obras se ejecuten conforme a criterios técnicos y sociales, y no de manera unilateral por parte de la concesión.
Una de las principales preocupaciones expresadas durante el recorrido fue el grave impacto que tendrían los diseños actuales sobre más de 2.000 estudiantes, el turismo y el comercio del municipio de restrepo, cuya movilidad diaria se vería afectada si no se introducen modificaciones sustanciales en la planeación vial.
El momento más tenso se presentó cuando el señor Miguel Eduardo Vargas Hernández, representante legal de Covioriente, se mostró visiblemente incómodo por la presencia de medios y ciudadanos registrando la visita, solicitando, a través de su equipo de seguridad, que no se le tomaran fotografías, pese a tratarse de una actuación pública y de interés general.
Esta obra, que desde 2018 hasta la fecha se ha convertido en un calvario para miles de usuarios, ha registrado además un número preocupante de víctimas fatales por accidentes de tránsito, lo que agrava la posible responsabilidad estatal y empresarial frente al cumplimiento de los estándares de seguridad vial.
