Mientras en otras partes del país se inauguran canchas con bombos, platillos y cintas rojas, en San Ignacio, centro poblado de Barranca de Upía, los ciudadanos pueden presumir de tener algo más innovador: una cancha sintética fantasma. Sí, leyeron bien: una obra de más de mil trescientos ochenta millones de pesos que, al parecer, se adjudicó sin tener ni el lote disponible. Porque si no hay tierra, que jueguen en el aire, ¿no?
Todo indica que la entonces alcaldesa Isabel Betancourt Álvarez, en el frenesí de fin de mandato —noviembre de 2023— quiso dejar amarrado el contrato como quien empaca las maletas a última hora, pero olvidó revisar si el municipio tenía el predio público para construir semejante monumento deportivo.
Las veedurías ciudadanas, que no se tragan cuentos, ya están metiendo el bisturí en los papeles y aseguran que esto podría ser un caso de «planeación estilo dominó»: se tira una ficha y que caiga donde sea. Todo por la adrenalina de adjudicar antes de entregar el poder.
Y mientras la comunidad se pregunta si la cancha se va a construir en el limbo, en Marte o en algún lote imaginario, el nuevo alcalde Fredy Enrique Castro Gómez prefiere no ensuciarse los guayos. Hasta ahora, ni pío ha dicho sobre el tema, lo que ha encendido las alarmas de quienes temen que los recursos públicos ya estén haciendo turismo en cuentas ajenas.
Ante el mutismo institucional y la cancha invisible, las veedurías anunciaron que llevarán el caso ante la Fiscalía General de la Nación, con la esperanza de que al menos allá sí se enteren de que una obra pública no se construye con deseo, sino con legalidad.
Y así, San Ignacio entra al selecto club de pueblos con proyectos de papel, contratos millonarios al viento y políticos que prefieren el show del contrato que la realidad de la obra. Porque en Barranca de Upía, al parecer, juegan mejor al contrato sin terreno que al fútbol de verdad.
