El empresario Juan Manuel Sarmiento Mejía, contratista de la segunda etapa de las dobles calzadas de Villavicencio y socio del megacontratista del Meta, Iván Alberto Pérez Gómez, acaba de sumar un nuevo renglón a su hoja de vida: ahora es uno de los imputados por la Fiscalía en un escándalo de contratación que involucra más de $23.592 millones destinados al Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonía y Orinoquía (Ciner).
La revelación, hecha por la revista Semana el pasado 18 de julio, confirma que el 14 de julio se realizó en Puerto Carreño la audiencia de imputación contra Sarmiento Mejía y otros tres implicados, todos acusados de participar en el direccionamiento de este millonario contrato, diseñado —al parecer— como traje a la medida.
Los demás señalados por la Fiscalía son:
Alonso Bautista Pérez, exsecretario de Planeación del Vichada.
Luis Fernando Salazar, funcionario de la misma dependencia.
Hernán Gómez Niño, exsecretario de Gobierno del Meta, otro rostro conocido en los pasillos del poder regional.
Las investigaciones, adelantadas por el CTI y la Dijín, indican que estos personajes no solo habrían manipulado el proceso contractual, sino que los estudios previos del proyecto fueron elaborados por particulares antes incluso de que se abriera la licitación, un intento evidente de disfrazar lo ilegal con sello de trámite cumplido.
El consorcio Ciner-Vichada, cuyo representante legal es Sarmiento Mejía, fue el beneficiario del contrato. Las autoridades también detectaron compras de dotación realizadas antes del proceso oficial, una señal más de que aquí ya estaba todo cocinado, servido y con postre.
Y como en esta historia no puede faltar el ingrediente reciclado, regresa a escena Sergio Andrés Espinosa, exgobernador del Vichada, ya sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años por irregularidades en este mismo contrato. Aunque sin investidura, Espinosa sigue participando activamente en reuniones institucionales con el actual gobernador Fulberto Guevara, a quien —con la serenidad del que ya fue— dice estar “apoyando en su gestión”.
¿Será que en vez de energías renovables, lo que tenemos es corrupción renovada?
Los delitos imputados: interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Todo un combo de cargos para otro capítulo del ya extenso manual de contratación pública con marca llanera.
