Colombia amaneció con una vela encendida y una herida abierta: diez años después de la Ley de Feminicidio, la Procuraduría General de la Nación se apareció con un balance que más parece una autopsia institucional que una celebración de justicia. Porque sí, hay ley, pero no hay quien la haga valer como debe ser.
En el foro “Polifonía: una década de la ley de feminicidios”, convocado por la sociedad civil —no por el Estado, ojo ahí—, la Procuraduría fue clara: las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, y las sobrevivientes, junto con las víctimas indirectas, siguen chocando contra el muro del olvido institucional.
María Fernanda Rangel, Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (sí, todo eso en una sola oficina), no se guardó la cucharada amarga:
“Pese a los avances legales, hay operadores judiciales y funcionarios públicos que aún no entienden qué significa aplicar un enfoque de género.”
¿El gran villano? La desarticulación interinstitucional.
Nación y territorio van cada uno por su lado, como si fueran equipos rivales en vez de engranajes de un mismo sistema. ¿El resultado? Mujeres revictimizadas, medidas de protección que llegan tarde (si es que llegan) y una justicia que a veces parece más bien un eco.
Desde la Procuraduría se pidió lo obvio, pero lo necesario: que las acciones de prevención contra el feminicidio no dependan del heroísmo individual de algunas funcionarias, sino de una política pública seria, coordinada y con presupuesto.
Porque mientras los discursos suenan bonitos en los foros, en los barrios y veredas las mujeres siguen esperando que la ley no solo exista en el papel, sino también en la comisaría, en la fiscalía, en el juzgado y en el refugio que nunca llega.
El feminicidio y el transfeminicidio, dijo la entidad, no se resuelven solo con cárcel. Son fenómenos estructurales —machismo, impunidad, indiferencia— que requieren educación, prevención, transformación cultural y, sobre todo, voluntad política.
