Puerto López amaneció con el rumor de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) finalmente se puso las botas, agarró la cinta métrica y salió al campo. El resultado: 307 predios y 526,65 hectáreas quedaron con los linderos más precisos que una regla de colegio alemán. Ya nadie tendrá que pelearse con el vecino a punta de machete para adivinar dónde empieza el potrero y dónde termina la piscícola.
Según la ANT, la cosa es seria: validación, cruces catastrales y registrales, socialización con la comunidad y, de ñapa, títulos que prometen llegar “con rigor técnico y transparencia”. Suena a discurso, pero al menos esta vez midieron de verdad y no desde un escritorio con aire acondicionado en Bogotá.
José Luis Holguín Gamba, vecino de La Reforma, no ocultó su alegría: “Ahora las cosas han cambiado”. Y es que sí, ahora los límites están claritos, ya no toca jugar al “vea vecino, me sobran dos metros, ¿serán suyos?”.
Por su parte, Diana Esperanza Sabogal se mostró menos romántica pero más práctica: “Es un pasito más”. Con ese pasito espera organizar mejor su producción, porque con tanto maracuyá, yuca, arroz, gallinas y marranos, lo único que faltaba era un mapa para no perderse entre el cacao y los cítricos.
La comunidad, organizada en la Asociación de Campesinos Desplazados y Vulnerables Comunidad Reforma y Laguna (ACADEVRL), lleva rato demostrando que no solo saben sembrar sino también exportar: dos parcelas de limón Tahití y una de aguacate Lorena ya están certificadas.
El detalle sabroso es que estos predios antes eran de novela: estaban bajo procesos de extinción de dominio, salpicados por el caso Cajanal y con dueños que hoy figuran más en expedientes que en fiestas patronales. La SAE los entregó, la ANT los compró, y ahora —mágicamente— se transformaron en símbolo de dignificación campesina.
El balance general: 836 títulos entregados, 16.955 hectáreas formalizadas, y 98 predios públicos avanzando en su legalización. Entre ellos, colegios, puestos de salud y acueductos que ojalá no se queden solo en el acta.
