En Granada, Meta, la neutralidad de la Empresa de Servicios Públicos resultó tan frágil como la honestidad de un actor político en la región. La Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos a Lina María Ramírez López, entonces subgerente comercial de la entidad en el periodo de gobierno del exalcalde Freddy Hernán Pérez, por presuntamente cambiar el agua potable por agua bendita… pero en favor de un candidato a la alcaldía.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio, que ahora parece más detective que árbitro, investiga si la exfuncionaria confundió la planta de tratamiento con un comité político y, en vez de medir caudales de agua, se dedicó a medir “me gusta” en redes sociales.
Según el ente de control, con esas publicaciones pudo haber hecho gárgaras con principios básicos como la imparcialidad, la transparencia y la objetividad. O sea, todo lo que exige la función pública y que, al parecer, se le olvidó justo cuando encontró un buen filtro de Instagram.
El caso, por si quedaba duda, fue calificado como gravísimo a título de culpa gravísima, una categoría que en lenguaje de la Procuraduría significa: “ni por más honesto que sea, ganará una lección popular en Colombia”.
Mientras Granada necesitaba servicios públicos, la funcionaria decidió hacer servicio… pero al candidato. Y ahora, en vez de campaña electoral, tendrá que hacer campaña para demostrar que su timeline no era una sede política.
Actualmente, tiene el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno en el municipio de El Castillo, Meta.
