Así como la mayoría de los procesos en el departamento del Meta, el caso de Pinares de Oriente podría quedar en la impunidad, teniendo en cuenta delitos como: peculado por apropiación, obtención de documentos falsos, fraude procesal, celebración de contratos sin los requisitos legales y estafa agravada.
Un proyecto de vivienda de interés prioritario que comenzó como un alivio para 617 familias, mediante el convenio 2010 de 2009, celebrado entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del departamento del Meta y la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América «Casa», con un término de ejecución de 12 meses.
El convenio se inició durante el gobierno del exgobernador del Meta Darío Vásquez, en el cual se presentaron inconvenientes que generaron prórrogas y continuó en el gobierno del exgobernador Alan Jara, en 2012, con Jorge Carmelo Pérez Alvarado como gerente de vivienda del departamento del Meta.
Según el contratista del convenio, Óscar Hernando Mendoza Parra, él aseguró que Carmelo Pérez tomó represalias contra él por haber hecho público su voto a la gobernación del Meta a favor de un candidato contrario al exgobernador Alan Jara. Le atrasaron trámites como la expedición de un aval bancario que debía durar 15 días, pero lo sacaron en 18 meses.
El contratista terminó en quiebra, embargado y señalado de ser el culpable de que uno de los más importantes proyectos de vivienda en el Meta se hubiera paralizado.
Debido a los atrasos y la vulneración de los derechos de las familias que debían adquirir sus viviendas, la Corte Constitucional protegió a los beneficiarios de las 617 viviendas y ordenó a la Gobernación del departamento del Meta desembolsar $400 mil por cada beneficiario desde el mes de septiembre de 2014 hasta principios de 2016, lo que equivale a una suma aproximada de $4.195 millones.
¿Y todo por una rencilla política? ¿Colocaron por encima de la ciudadanía sus intereses políticos y económicos? Afectando a 617 familias de Villavicencio.
La Fiscalía General de la Nación investiga a los responsables, tales como: el exgobernador del Meta Darío Vásquez, el exgobernador del Meta Alan Jara, el contratista Óscar Mendoza, el exgerente de vivienda Jorge Carmelo Pérez Alvarado y otros.
Ya han pasado más de 10 años y el caso sigue en la Fiscalía 19 seccional en la unidad de delitos contra la administración pública, en etapa de indagación, en recaudo de elementos materiales probatorios.
Para quienes deseen oficiar y ejercer control social, pueden solicitar información bajo el número NUNC 500016000567201702186.
