Una grave situación de orden público e intimidación sacude al municipio de Puerto López, Meta, tras la difusión masiva de un audio a través de WhatsApp que encendió las alarmas de la comunidad. En la pieza sonora, una voz masculina no identificada, a nombre de una presunta organización, declaró como «objetivo militar» a un grupo heterogéneo de ciudadanos, entre los que figuran periodistas, líderes sociales, sindicalistas, políticos y figuras reconocidas de la región. El mensaje contiene una tajante amenaza de 48 horas para que los afectados abandonen el territorio, bajo la acusación de presuntamente obstaculizar el progreso local.
Entre las víctimas que han radicado denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación se encuentra un reconocido gestor cultural, periodista y defensor de derechos humanos, Apolinar Beltrán Villazón, conocido como «Mono Apolinar». De acuerdo con su testimonio, la grabación llegó a sus manos el pasado 10 de agosto, manifestando no reconocer la identidad del emisor. El denunciante destacó un patrón común entre los señalados: la mayoría ha realizado constantes denuncias públicas contra la gestión de la administración municipal actual e integrantes del Concejo. Particularmente, en su caso, el líder expuso que durante el último año cuestionó con firmeza las decisiones sobre un empréstito por cerca de $45.000 millones, al punto de instaurar una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Meta contra el acuerdo que autorizó dicho endeudamiento.
Ante el creciente clima de zozobra, el alcalde de Puerto López, Pedro Velandia, encabezó un comité extraordinario de seguridad en compañía de los organismos del Estado y de varios de los ciudadanos amenazados. Las autoridades locales confirmaron que la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional asumen las pesquisas correspondientes para determinar la procedencia de la grabación y dar con los responsables. Por el momento, la administración enfatizó que no se tiene constancia de ningún grupo armado organizado que se haya atribuido formalmente estas acciones intimidatorias.
El mandatario rechazó enfáticamente cualquier vínculo de las instituciones municipales con las coacciones vertidas en el material audiovisual, subrayando la importancia de proteger las libertades ciudadanas y el derecho a la libre expresión. De igual forma, las autoridades contemplan distintas líneas de investigación, sin descartar que la grabación responda a un eventual montaje encaminado a desestabilizar la tranquilidad institucional de la zona.
