Un freno preventivo ha sido puesto a uno de los proyectos de infraestructura más costosos del departamento del Meta. Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la justicia administrativa decidió suspender el desembolso de un millonario anticipo orientado a la edificación del malecón turístico en el municipio de Cabuyaro. La medida busca proteger los recursos públicos de las regalías tras detectar posibles irregularidades en la contratación.
La alerta por una adjudicación directa
El núcleo del litigio radica en cómo se adjudicaron los contratos de la obra y su respectiva interventoría. La delegada de la Procuraduría para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) interpuso una acción popular tras evidenciar que el proceso contractual, administrado por la entidad Asomunicipios E.A.T., se habría realizado mediante contratación directa y no mediante una licitación pública transparente, tal como lo exige la normativa colombiana para obras de esta magnitud.
Frente a este escenario, el Ministerio Público alertó sobre un riesgo inminente para la moralidad administrativa y el patrimonio estatal. La preocupación principal radica en que, si los cerca de 30.000 millones de pesos correspondientes al anticipo eran entregados a los contratistas, estos dineros podrían ser comprometidos en convenios con terceros de buena fe, haciendo virtualmente imposible recuperar los fondos en caso de un fallo desfavorable.
Medidas de protección al patrimonio público
Atendiendo este llamado, el Juez Primero Administrativo Oral de Villavicencio decretó una medida cautelar para congelar dichos recursos. La orden judicial obliga a Asomunicipios E.A.T. a abstenerse de girar el anticipo. De igual forma, en el supuesto de que las transferencias ya se hubiesen ejecutado, el juzgado exhortó a las firmas receptoras —Daca Ingeniería y JC Arquitectos— a no hacer uso de los dineros hasta que exista un fallo definitivo sobre la acción popular o se levante la cautela.
Cifra clave: El proyecto del malecón turístico de Cabuyaro cuenta con un presupuesto total asignado superior a los 59.000 millones de pesos, financiados en su totalidad por el Sistema General de Regalías.
La suspensión preventiva evita que la suma asignada como anticipo entre en un flujo contractual irreversible. Por su parte, los organismos de control mantendrán la vigilancia preventiva e institucional sobre el curso de esta actuación judicial en defensa del tesoro público del departamento.
