Un contrato de 33,000 millones de pesos, suscrito en 2022 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P. y el CONSORCIO WP, con recursos de regalías OCAD-PAZ, prometía llevar agua potable a instituciones educativas rurales de San José del Guaviare mediante 113 tanques de potabilización. Sin embargo, lejos de cumplir su propósito, los filtros generaron una ola de quejas por su ineficacia y peligrosidad.
Según denuncias de rectores de las instituciones educativas beneficiarias, el agua producida por estos dispositivos presentó un sabor fétido, con exceso de cloro, caucho y óxido, causando enfermedades entre los estudiantes. La Contraloría General, tras una inspección, confirmó que el 100% de las pruebas de calidad realizadas a los sistemas de potabilización arrojaron un nivel de riesgo medio a alto, declarando los filtros no aptos para el consumo humano. Este fallo pone en peligro la salud de los niños y evidencia una grave negligencia en la ejecución del contrato.
Las irregularidades no se limitan a la calidad de los equipos. El contrato, firmado en 2022, presentó problemas desde su etapa precontractual, con una planeación deficiente que derivó en posibles sobrecostos. Además, se reportaron instalaciones realizadas después de la culminación del contrato y filtros conectados a tuberías sin flujo de agua, lo que agrava la ineficiencia del proyecto. La Contraloría identificó un hallazgo fiscal por la totalidad de los 33,000 millones de pesos.
Javier Páez, quien aparece con una supuesta vinculación contractual con la Alcaldía de San José del Guaviare como apoyo en la planeación, aparece en un acta de reunión del 7 de octubre de 2021 y en imágenes junto a los filtros empacados. Por otra parte, Felipe Romero aparece con Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación. Páez incluso intentó impresionar al exgobernador Heydeer Yovanny Palacio Salazar, promocionando los filtros como una solución para escuelas y viviendas rurales, afirmando que proporcionarían «agua limpia» para los niños. Sin embargo, las promesas no se cumplieron, y los filtros han sido un fiasco.
Felipe Romero, por su parte, involucró a su pareja en pruebas públicas con un filtro que supuestamente convertía agua sucia en potable, pero los resultados fueron desastrosos. Romero, socio de Páez y amigo de Ximena Calderón, también aparece con Jennifer Arias, la exrepresentante a la Cámara, en eventos relacionados con el proyecto. A pesar del hallazgo fiscal, Romero continúa promoviendo los filtros Lifesaver en otras regiones, como Vichada y Mitú, y mantiene un contrato en Lejanías, Meta, con Asosupro por $1.464 millones, con un anticipo del 50%.
El caso recuerda escándalos similares en el departamento del Meta, donde filtros de agua defectuosos también generaron controversia bajo la gestión del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga. La repetición de estas prácticas en municipios PED (Poblaciones Especialmente Desfavorecidas) levanta alarmas sobre la falta de controles en el uso de recursos de regalías. La comunidad de San José del Guaviare exige respuestas y sanciones para los responsables, mientras los niños siguen sin acceso a agua potable segura.
