El municipio de Guamal, ubicado en el departamento del Meta, atraviesa una alarmante situación marcada por el descontrol territorial y la falta de protección ambiental. El detonante: el crecimiento desbordado del urbanismo ilegal en suelo rural, frente al cual —según denuncias— la administración municipal no ha adoptado las medidas necesarias para frenar su expansión.
Aunque el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio se encuentra desactualizado y actualmente en proceso de revisión, esto no exime a las autoridades locales de su obligación legal de ejercer vigilancia, control y sanción ante las prácticas que alteran el ordenamiento del suelo y amenazan los recursos naturales.
Veedurías advierten sobre omisiones
Organizaciones ciudadanas han denunciado reiteradamente ante la Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta y la corporación ambiental CORMACARENA la proliferación de proyectos urbanísticos ilegales en zonas rurales. Muchos de estos desarrollos se ejecutan en predios de alta importancia ecológica, sin respetar los instrumentos de planificación establecidos por la ley, particularmente el Decreto 1077 de 2015.
Las denuncias apuntan a una comercialización masiva de terrenos fraccionados, sin licencias urbanísticas ni servicios públicos domiciliarios básicos, como el manejo de residuos sólidos o tratamiento de aguas residuales. A ello se suma la carencia de infraestructura mínima, lo que pone en riesgo no solo al medio ambiente —por tratarse de áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos—, sino también a los compradores, quienes adquieren predios sin respaldo legal ni condiciones dignas de habitabilidad.
Funcionarios en la mira
Una de las señaladas es la Secretaría de Planeación Municipal, encabezada por Nataly Salgar Carreño, quien habría expedido licencias de subdivisión rural con destino a vivienda urbana. Según los denunciantes, estas decisiones contravienen el uso del suelo definido por el EOT y carecen de estudios de impacto ambiental.
También se cuestiona la falta de acción de la inspectora de Policía, Jessica Viviana Ruiz Rey. Pese a conocer los hechos, no habría iniciado procesos sancionatorios ni ordenado la suspensión o demolición de las construcciones ilegales. De acuerdo con versiones de veedurías ciudadanas, esta omisión se daría con la aparente anuencia del alcalde Fernando Peña, a quien se le señala de estar al tanto de las irregularidades y no actuar al respecto.
Impacto social y económico
La situación no solo representa un riesgo ambiental, sino también un problema social de gran escala. Muchas familias están comprando predios sin garantías jurídicas ni condiciones mínimas de urbanización, mientras urbanizadores ilegales estarían captando recursos mediante pagos fraccionados sin contar con planes parciales aprobados ni instrumentos urbanísticos válidos.
Esta dinámica afecta gravemente los derechos colectivos de la comunidad y pone en riesgo el patrimonio público y la seguridad jurídica de los compradores.
Actuación de la Procuraduría
Ante este panorama, la Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta ha iniciado visitas de inspección ocular y verificación en los predios denunciados. Su objetivo es determinar el impacto real de los desarrollos ilegales y establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias de los funcionarios que, por acción u omisión, habrían permitido el avance de estas prácticas.
Un llamado al cumplimiento de la ley
La falta de control, regulación y planificación por parte de la Alcaldía de Guamal constituye, según expertos en ordenamiento territorial, una grave violación a los mandatos de la Ley 388 de 1997. Esta situación amenaza directamente la sostenibilidad ambiental de la región y socava las bases para un desarrollo urbano legal y organizado.
La comunidad espera respuestas contundentes de las autoridades municipales y nacionales, mientras los ecosistemas estratégicos del Meta siguen bajo presión por el avance descontrolado del urbanismo ilegal.
