Con base en multiples denuncias ciudadanas, la Alcaldía Municipal de Granada, bajo la administración del alcalde Juan Carlos Mendoza, enfrenta fuertes cuestionamientos por la expansión acelerada de urbanizaciones ilegales en el municipio, sin licencias ni controles técnicos. La situación ha derivado en una crisis de servicios públicos y serias afectaciones ambientales.
De acuerdo con veedurías ciudadanas, varios proyectos habitacionales se han construido al margen de la normativa urbanística, lo que ha provocado el colapso del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y residuales. La falta de agua potable, calificada como un problema estructural, también estaría relacionada con una deficiente planificación urbana durante las administraciones lideradas por Mendoza, quien actualmente cursa su tercer período como alcalde.
Los barrios Paraíso Uno, Dos y Tres figuran entre los más afectados, con constantes inundaciones y deterioro de la infraestructura pública. A ello se suma la presunta omisión de varias funcionarias clave del gabinete municipal: la inspectora de Policía, Angélica del Pilar Rodríguez Zabala; la secretaria de Planeación, Karla Lorena Tejada; y la secretaria de Gobierno, quienes habrían omitido ejercer control sobre estas construcciones irregulares y no habrían exigido los soportes técnicos ni jurídicos requeridos.
Además, se ha denunciado una millonaria captación de dinero del público por parte de urbanizadores ilegales, sin que las autoridades locales hayan actuado con firmeza.
Frente a los requerimientos de las veedurías ciudadanas, la Alcaldía respondió que solo desde marzo de 2025 empezó a exigir el certificado de uso del suelo. Este reconocimiento oficial evidencia un preocupante vacío de control previo que, según denuncias, habría facilitado la proliferación de asentamientos ilegales.
Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta inició un proceso de seguimiento urbanístico y de protección de recursos naturales, tras reiteradas alertas emitidas por la ciudadanía organizada.
La Alcaldía de Granada, como ente territorial, tiene la obligación legal de planificar, regular y sancionar el desarrollo urbano. Por ello, se espera una actuación inmediata de los organismos de control para frenar el crecimiento desordenado, sancionar a los responsables y garantizar la protección ambiental bajo la autoridad de Cormacarena.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes: Granada no puede seguir sumida en el desgobierno urbanístico. Es hora de hacer cumplir la ley, proteger el territorio y responder a las necesidades de la ciudadanía.
