Luis Fernando García, un concejal de 33 años del partido ASÍ, presentó una denuncia el 7 de mayo de 2025 ante la Personería Municipal de Calamar, tras recibir un audio y un video el día anterior que lo dejaron temiendo por su vida. En las grabaciones, escuchadas durante una sesión del concejo municipal, el alcalde Farid Camilo Castaño García habla con un presunto integrante del frente primero Armando Ríos de las FARC-EP, acusando a García y a otro concejal, «Yan Carlo», de «guevoniando con procuraduría y todo, poniendo denuncias». El alcalde sugiere «darles un manejo» para no «pintarse directamente», lo que García interpreta como una amenaza directa contra su integridad y la de su familia, en un municipio ya golpeado por la violencia de grupos armados.
La Procuraduría General de la Nación, alertada por la gravedad de las acusaciones, abrió una investigación disciplinaria el 25 de mayo contra Castaño García, considerando que las conversaciones podrían configurar una falta disciplinaria por uso indebido del cargo y concertación con actores ilegales. Las grabaciones, aportadas como prueba por García, también fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación el 8 de mayo bajo el número 950016000643202510654, por amenazas contra servidores públicos (Art. 188E). García, visiblemente afectado, expresó en su denuncia que Calamar vive una ola de inseguridad con recientes asesinatos y desapariciones, haciendo responsable al alcalde si algo le sucede a él o a su familia, mientras la Procuraduría ordena pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos.
La comunidad de Calamar está al borde del pánico. Los habitantes exigen que la Procuraduría actúe con rapidez para garantizar la seguridad de los concejales y sancionar a los responsables, mientras el temor a represalias crece en una región donde los grupos armados aún tienen presencia.
