En un país donde los campesinos llevan más de un siglo esperando la Reforma Agraria, el Gobierno de Gustavo Petro decidió que ya era hora de mover la finca —literalmente— y cumplirles. Bajo la batuta del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, se han gestionado unas nada despreciables 634.712 hectáreas que ahora tienen dueño con cédula, sombrero y papeles en regla.
Pero eso no es todo: más de 1,7 millones de hectáreas formalizadas hacen que, por primera vez, el campesinado pueda gritar “¡esta tierra sí es mía!” sin que aparezca un terrateniente con escritura en mano para callarlos. Y ojo: no es exageración mermelada, es que se han formalizado más tierras que en los gobiernos de Santos y Duque junticos. Parece que cuando hay voluntad política, hasta el campo florece.
La jugada va más allá de números: cada hectárea entregada es una patada a la historia de despojos, desalojos y olvidos. Es devolverles a campesinos, indígenas y comunidades afro no solo el derecho a la tierra, sino también su dignidad y el permiso tácito de quedarse donde han estado siempre… pero ahora sin miedo a que les cambien la cerradura.
Así que mientras algunos siguen buscando excusas para no mover un dedo, el Gobierno Petro parece decidido a mover montañas… y fincas. Porque si algo queda claro, es que en este capítulo de la historia, el campo por fin recibe lo que tanto esperó: tierra propia, dignidad y, con suerte, un futuro sin “arrimados”.
