Mientras Villavicencio sobrevive a punta de tanques y promesas, la Alcaldía ahora tiene que cocinar… literalmente. Desde el 1 de julio, el municipio deberá encargarse de alimentar a unas 500 personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URIs. Porque claro, si ya no hay plata para el acueducto, ¿por qué no agregar también un restaurante carcelario?
El anuncio lo hizo Eliana Andrea Vaca Rojas, secretaria privada de la Alcaldía, durante una sesión del Concejo el pasado 1 de junio. Según explicó, el Ministerio de Justicia —ese noble ente que da órdenes y no recursos— les tiró la papa caliente con respaldo de las Cortes. Así, lo que antes financiaba la USPEC, ahora le toca al municipio… que no tiene ni con qué pagar la cuenta del almuerzo.
Para cuadrar caja, la Alcaldía propone un “traslado de recursos”, eufemismo técnico para decir que van a coger plata de otros proyectos. Sí, de esos que no se han hecho pero que suenan muy bonitos en los discursos. Obras de infraestructura, servicios básicos y la eternamente aplazada solución del acueducto podrían quedar aún más en veremos.
Y como en este país pedir ayuda al Gobierno Nacional es como gritar en un páramo, el alcalde Alexander Baquero Sanabria ya hizo la tarea de mandar cartas, ir a reuniones con Asocapitales, posar al lado del de Bogotá y Bucaramanga… pero nada. Ni una prórroga, ni un pesito, ni un caldito. El silencio ministerial es más espeso que el agua del río Guatiquía en verano.
