En Villavicencio ya no sabemos si la doble calzada es una vía, un mito urbano o un reality judicial por capítulos perdidos. Desde hace años se viene cocinando este plato de “contrato sin condimentos legales”, “interés indebido a la criolla” y “peculado al gratín”, pero la receta sigue guardada en la cocina de la Fiscalía y el Juzgado 01 Penal del Circuito.
Resulta que, desde el 24 de julio de 2025, el juzgado decidió entrar en modo no molestar. Las audiencias se esfuman más rápido que un contrato en manos de un intermediario, y las respuestas de la Fiscalía suenan más a copiar y pegar que a información real. Eso sí, la Dirección contra la Corrupción siempre responde… pero sin decir nada, como buen funcionario en modo manual de supervivencia.
Lo más pintoresco del asunto es que ya en diciembre de 2019 habían intentado meter este proceso en el cajón del olvido, con moño y tarjetica firmada por el Fiscal 49 de la época. Porque aquí no se archivan papeles, se archivan millones.
Y como en toda buena novela llanera, aparece el árbol genealógico: el primo hermano del esposo de la exgobernadora Marcela Amaya. Un lazo familiar digno de testamento, pero aplicado a contratos públicos. Entre los señalados desfilan nombres conocidos: Juan José Casasfranco Medellín, exgerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM con más estilo para esfumar recursos que para construir vías; Mauricio Mejía Hoyos, representante legal de la unión temporal (que en la práctica fue más bien “eterna”); su socio Iván Pérez; la mismísima exgobernadora Amaya; y un ramillete de funcionarios que pusieron la firma como si fuera lista de asistencia en el colegio.
Mientras tanto, el Meta sigue esperando la doble calzada. La única que avanza es la doble moral: la de los que hablan de transparencia mientras cierran las cortinas de las audiencias.
