La exdiputada liberal Ximena Calderón León acaba de ascender. No en la política —que eso ya pasó— sino en el organigrama judicial: la investigación por enriquecimiento ilícito que la rodea dejó de ser un asunto “normalito” y ahora será asumida por la Dirección Especializada contra la Corrupción. Traducción al español corriente: la cosa ya no huele raro, huele grave.
Después de más de 20 años viviendo del erario, Calderón enfrenta la pregunta existencial que ninguna universidad pública enseña a responder: ¿de dónde salió tanta plata? Desde marzo de 2025, la Fiscalía 19 viene haciendo cuentas, sumas y cruces —sin restas, porque ahí es donde duele— para entender cómo una exservidora pública, con salarios oficiales modestos y declaraciones patrimoniales casi tímidas, terminó orbitando un emporio familiar cercano a los 26 mil millones de pesos. Nada mal para alguien que nunca ganó el Baloto.
Según la denuncia, el “milagro económico” no fue solitario. Parte de los bienes estarían elegantemente repartidos entre mamá (12 mil millones) y papá (9.200 millones), como si la familia Calderón hubiera descubierto una nueva modalidad de ahorro: el CDT inmobiliario exprés. Casas, fincas, locales, camionetas… un portafolio tan robusto que ni los bancos lo rechazan.
Pero no todo fue familia y amor. La exdiputada, que también pasó por el Concejo, habría utilizado sus cargos para favorecer contratistas amigos, incluyendo a su contador personal, porque nada dice “transparencia” como mezclar política, contratos y el Excel de confianza. Según la denuncia, existía un sistema de “cupos” políticos disfrazados de contratos públicos, que luego se repartían como boletas de rifa, solo que el premio no era una licuadora sino dinero público.
La ampliación de la denuncia no fue tacaña: lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito como servidora y como particular, ventas simuladas de propiedades. ¿Qué es una venta simulada? Algo así como vender la nevera, firmar el contrato… y seguir guardando el pollo tú. Solo que aquí no hablamos de electrodomésticos, sino de fincas, casas, locales y camionetas de alta gama.
Ahora, con el caso en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la pregunta ya no es si hay plata, sino quién la contó, quién la movió y quién la escondió. Porque en Colombia, cuando una carrera pública termina con 26 mil millones en propiedades, lo único que no cuadra… es la versión oficial.
