La institucionalidad y el cumplimiento estricto de los tiempos legales en la administración pública vuelven a estar bajo la lupa en el departamento del Meta. En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación profirió una sanción de suspensión de tres meses contra la exalcaldesa del municipio de Puerto Rico, Diana María Navarro Cifuentes. La medida responde a una serie de anomalías detectadas en el acuerdo municipal diseñado para la creación y el cobro de la estampilla destinada a financiar la Justicia Familiar.
El alcance de la decisión disciplinaria emitida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio no se limitó a la máxima autoridad ejecutiva del municipio en su momento. La sanción cobija igualmente a la exsecretaria de Hacienda, Yeimy González Camacho, así como a un nutrido grupo de once exconcejales de la población: Elizabeth Ríos Córdoba, Rogelio Gallego García, Gustavo Riaño Ramírez, Carlos Arturo Serna García, Edwin Alexander García Martínez, Luis Fernando Guzmán Vásquez, Óscar Ortiz Aranguren, Ricardo Bazurdo Flórez, César Augusto Marín Palacio, William Alexander Ospina Vargas y Marlon Alexis Moreno Cardona.
El Origen de la Falta: Tiempos Legales Incumplidos
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el órgano de control, el error fundamental radicó en la extemporaneidad de la aplicación del tributo. Se logró comprobar que los implicados impulsaron y dieron vía libre a una iniciativa local que ordenaba recaudar los dineros de la mencionada estampilla a partir de enero de 2022. Sin embargo, el marco normativo de orden superior que facultaba legalmente la creación de este impuesto territorial específicos no entraba en vigencia sino hasta agosto de 2023, configurándose así una transgresión a los principios de legalidad fiscal.
El cobro anticipado de un tributo, sin el debido respaldo de la ley nacional vigente, constituye una falta a los procedimientos de la administración pública.
El Destino de los Recursos Colectados
Es de anotar que el propósito del recaudo contaba con un alto valor social para la comunidad de Puerto Rico. Los fondos derivados de esta estampilla estaban proyectados exclusivamente para el fortalecimiento integral de las Comisarías de Familia. Entre las líneas de inversión estipuladas se encontraban:
- Infraestructura física y dotación tecnológica: Mejorar las instalaciones y herramientas de conectividad para optimizar el servicio.
- Talento humano especializado: Garantizar personal capacitado para la atención oportuna de los ciudadanos.
- Protección a poblaciones vulnerables: Proveer un entorno digno y seguro para salvaguardar a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género.
Finalmente, el ente disciplinario aclaró que, debido a que varios de los procesados ya no se encuentran desempeñando sus funciones en las dependencias públicas correspondientes, la sanción de tres meses de suspensión se convertirá en el pago del equivalente en salarios básicos mensuales, tal como lo estipulan los lineamientos de la normativa disciplinaria vigente en el país.
