En un giro determinante para el panorama judicial y administrativo del departamento del Guaviare, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare emitió un fallo condenatorio en segunda instancia en contra de Yeferson Reyes Pino, quien se desempeñaba como Secretario de Educación de la Alcaldía de San José del Guaviare. La corporación judicial revocó de manera categórica la sentencia absolutoria que había sido proferida inicialmente el 1 de abril de 2025 por el Juzgado Primero Penal del Circuito, transformando radicalmente el rumbo del proceso.
La nueva resolución judicial halló al funcionario penalmente responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Esta decisión se tomó tras un riguroso análisis de los recursos de apelación interpuestos en conjunto por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la representación legal de las víctimas, quienes impugnaron el dictamen de la primera instancia al considerar que existían elementos de prueba suficientes para demostrar la culpabilidad del procesado.
Valoración probatoria y órdenes judiciales
De acuerdo con lo expuesto en el fallo de segunda instancia, los magistrados del Tribunal determinaron que la valoración integral y conjunta del material probatorio recaudado a lo largo de la investigación fue contundente. Dicho análisis permitió desvirtuar la presunción de inocencia que cobijaba a Rojas Pino, logrando establecer más allá de toda duda razonable su responsabilidad en los graves hechos imputados contra la menor de edad.
Impacto del fallo: La determinación de la segunda instancia no solo modifica la situación jurídica del procesado, sino que envía un mensaje institucional sobre la rigurosidad en la administración de justicia en casos que involucran la protección y la libertad sexual de la población infantil.
Como consecuencia directa e inmediata de esta sentencia, el Tribunal Superior dejó sin efectos la absolución previa y ordenó expedir de manera oficial la orden de captura correspondiente. Esta medida busca hacer efectiva la condena impuesta y asegurar que el ahora sentenciado cumpla la pena privativa de la libertad establecida por la ley, cerrando así un capítulo clave dentro de este proceso judicial de alto impacto local.
