Ser pillo a favor de las casas políticas en el departamento del Meta paga, en especial, cuando la contratación pública queda en manos de la familia de sus jefes.
Es el caso de Juan José Casasfranco Medellín, directivo de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que antes había sido exgerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) durante el período de la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya.
En su paso por la gerencia del AIM, fue ficha clave para Marcela Amaya y su esposo Carmelo Pérez, debido a un contrato multimillonario, el 103 de 2016, las famosas dobles calzadas de Villavicencio, primera etapa, por un valor inicial de $82.382.867.556 y que terminó por un valor de $118.013.804.130. Esta obra debía ser entregada el 24 de octubre de 2018, pero se entregó con dificultades el 20 de enero de 2023, casi cinco años de retraso.
El contratista fue Mauricio Mejía Hoyos, socio del mayor contratista del Meta, Iván Alberto Pérez Gómez, primo hermano de Carmelo Pérez, esposo de la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya.
Obviamente, las irregularidades escandalizaron a la ciudadanía en general, por la participación en contratos multimillonarios del primo hermano del esposo de la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya.
Las denuncias no se hicieron esperar, involucrando a varios responsables, entre ellos, al exgerente del AIM, Juan José Casasfranco Medellín.
A la fecha, el proceso se encuentra en etapa de juicio por los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El nombramiento de Casasfranco en la USPEC deja entrever la injerencia que tiene el senador Alejandro Vega en esa entidad, teniendo en cuenta que Alejandro Vega es sobrino de Carmelo Pérez, el esposo de la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya.
