En los pasillos donde debería reinar la planeación y el cemento institucional de la legalidad, al parecer lo que se construyó en Recetor, Casanare, fue un escenario digno de tragicomedia administrativa. Así lo dejó entrever la Procuraduría General de la Nación, que decidió formular cargos contra el exalcalde Édgar Yesid Bernal Gallego (2020-2023) y su entonces escudero burocrático, el exsecretario general José Alberto Salamanca López.
Porque claro, gobernar no es fácil… pero al parecer algunos decidieron que era más sencillo gobernar a punta de presión, silencios incómodos y decisiones “creativas”. Según la investigación disciplinaria, entre enero de 2020 y mayo de 2023, estos dos personajes habrían convertido la rutina laboral de una funcionaria de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en una especie de reality show sin premio, pero con eliminación incluida.
La Procuraduría no se quedó corta en calificativos: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento y desprotección laboral. Un combo completo que, de confirmarse, no solo haría sonrojar a cualquier manual de funciones, sino que pondría en entredicho ese viejo discurso de que el servicio público está al servicio de la gente… y no de los egos.
Dicen por ahí que cuando el poder se sube a la cabeza, la sensatez se baja por las escaleras de emergencia. Y es que, según el expediente, no se trataba de hechos aislados, sino de un patrón sistemático: llamados de atención injustificados, aislamiento social dentro de la entidad y, como acto final de esta obra poco aplaudida, la declaratoria de insubsistencia de la funcionaria. Es decir, cuando la incomodidad no se puede silenciar, mejor se elimina del guion.
Por su parte, el exsecretario general no se habría quedado atrás en esta puesta en escena. Se le señala de participar en evaluaciones de desempeño arbitrarias y, como si fuera poco, de impedirle a la funcionaria el ingreso a su lugar de trabajo. Una especie de “usted no entra porque no me cae bien”, pero con membrete institucional.
La Procuraduría, con tono serio —y seguramente con ceño fruncido—, calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima a título de dolo, por presunta violación de los principios de la función administrativa, especialmente el de moralidad. Traducido al idioma de la calle: no fue un error, habría sido a propósito.
Ahora bien, el expediente ya fue remitido al despacho competente para continuar con el proceso disciplinario, lo que significa que esta historia aún no llega a su capítulo final. Pero lo que sí queda claro es que, en medio de discursos de transparencia y promesas de buen gobierno, hay relatos que parecen escritos con tinta de contradicción.
En clave de sátira, pero con un fondo profundamente serio, este caso recuerda que el poder público no debería ser un escenario para ajustar cuentas personales ni para ejercer micro dictaduras de oficina. Porque mientras algunos creen que administrar es mandar, la ley insiste —tercamente— en que administrar es servir.
Y así, entre sellos, firmas y decisiones “provisionales”, la institucionalidad intenta poner orden donde otros, al parecer, pusieron desorden con cargo al erario moral. En Recetor, por ahora, la obra sigue en cartelera… pero esta vez con la Procuraduría en primera fila.
