Dicen que el Llano es tierra de atardeceres rojos, ganado gordo y políticos con una creatividad administrativa digna de estudio. Y esta semana, los departamentos del Meta y Casanare volvieron a aparecer en el mapa nacional, pero no precisamente por el joropo ni por el coleo, sino por los curiosos vínculos contractuales que varios de sus alcaldes habrían tenido con el famoso —y ahora muy visitado— Fondo Mixto Sierra Nevada.
Sí, ese mismo que hoy tiene a la Fiscalía General de la Nación haciendo turismo judicial en Valledupar, donde durante dos semanas se realizaron allanamientos en dos sedes del fondo, luego de que un juez penal de control de garantías legalizara las diligencias.
Todo esto, en el marco de una investigación que busca establecer si detrás de los jugosos convenios financiados con recursos del Sistema General de Regalías había algo más que buenas intenciones… y actas bien firmadas.
El fondo que terminó siendo un “supermercado” de proyectos
El Fondo Mixto Sierra Nevada se convirtió en una especie de ventanilla mágica para varias alcaldías y gobernaciones del país, especialmente del centro, oriente y norte de Colombia. La misión era sencilla: administrar proyectos financiados con regalías por la modesta suma de 2,7 billones de pesos.
En otras palabras, un pequeño ahorro que debía destinarse al desarrollo regional: carreteras, infraestructura, proyectos sociales… esas cosas aburridas que normalmente se prometen en campaña.
Pero según las hipótesis de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, lo que debía ser un motor de progreso podría haberse convertido en algo mucho más creativo.
Entre los supuestos “servicios” del esquema investigado estarían dos modalidades bastante conocidas en el folclor administrativo colombiano:
- Direccionamiento de contratos, también conocido como “usted tranquilo que eso ya tiene dueño”.
- Apropiación indebida de recursos, modalidad popularmente traducida como “la platica se perdió”.
Allanamientos con lupa técnica
El operativo en Valledupar no fue cualquier diligencia. La investigación incluyó un equipo interdisciplinario de expertos en contratación estatal, análisis financiero y presupuestal, e informática forense.
En otras palabras, un grupo completo dedicado a seguir la pista del dinero público, que suele tener la mala costumbre de desaparecer más rápido que un político después de elecciones.
En los procedimientos participaron investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes recolectaron documentos y material digital que ahora será analizado con lupa.
Cuando las regalías se vuelven novela judicial
El material incautado será clave para establecer responsabilidades individuales, tanto dentro del Fondo Mixto como entre los mandatarios locales que confiaron —o delegaron con entusiasmo— la administración de estos recursos.
La gran pregunta que ronda en los pasillos del poder es sencilla:
¿quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de los 2,7 billones de pesos?
Mientras tanto, en el Llano algunos alcaldes revisan contratos viejos con la misma cara de quien busca una foto incómoda en Facebook antes de que la vea la familia.
Porque si algo ha dejado claro esta investigación es que las regalías, además de financiar obras, también pueden financiar expedientes judiciales bastante voluminosos.
