La gestión de la infraestructura pública en el departamento del Meta vuelve a estar bajo el escrutinio social tras una serie de graves denuncias formuladas por habitantes de la región. De acuerdo con los testimonios presentados de forma anónima por temor a represalias laborales y personales, las administraciones de los municipios de El Castillo y El Dorado estarían implementando medidas irregulares para financiar la reparación del puente antiguo La Amistad, una estructura vital para la conectividad local.
Según las acusaciones, el alcalde de El Castillo, Daimer Otálora Vera, y el alcalde de El Dorado, Óscar Olaya López, han impuesto la venta obligatoria de «bonos solidarios» por un valor de 50.000 pesos a los servidores públicos y contratistas de sus respectivas alcaldías. Esta estrategia busca recaudar fondos de manera directa entre la plantilla estatal para intervenir el puente, debido a que el nuevo presentó fallas estructurales tras su colapso.
El malestar ciudadano no solo responde a la presión ejercida sobre los trabajadores, sino a los antecedentes mismos de la obra. El puente nuevo La Amistad fue entregado hace apenas cinco años, requiriendo en su momento una inversión que superó los 75.000 millones de pesos durante los mandatos de los exgobernadores del Meta, Claudia Marcela Amaya y Juan Guillermo Zuluaga. Por esta razón, diversos sectores de la población consideran incoherente que se pretenda resolver un problema de tal magnitud a través de colectas comunitarias.
La indignación generalizada radica en que, con esta medida, las administraciones locales parecen trasladar la responsabilidad financiera y legal a la ciudadanía y a los empleados públicos, en lugar de activar las pólizas de garantía, investigar al contratista ejecutor, fiscalizar a la interventoría correspondiente o establecer las responsabilidades políticas de los gobiernos departamentales anteriores. La comunidad exige que sean los organismos de control los que intervengan para esclarecer tanto las fallas de la obra original como la legalidad de la venta de estos bonos en la función pública.
