Dentro del expediente, la situación patrimonial de Claudia Ximena Calderón León es el eje central del debate. Según el recurso, la disciplinada cuenta con 11 inmuebles registrados a su nombre. Sin embargo, la queja presentada va más allá de sus propiedades personales, extendiéndose a su círculo familiar más cercano. Se reporta que familiares vinculados a ella, como Gloria Stella León, Polidoro Calderón y Polo Andrés Calderón, figuran como propietarios de más de 40 inmuebles, lo que para el quejoso ameritaba una investigación profunda sobre un posible testaferrato u ocultamiento de bienes.
El conflicto procesal escaló cuando la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta decidió archivar la investigación el 13 de abril de 2026. Esta decisión se fundamentó en que la entidad no pudo determinar con certeza el valor comercial de los bienes de Calderón León, tras una respuesta de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) indicando que carecía de peritos para realizar avalúos comerciales.
Cuestionamientos a la defensa y al recaudo probatorio
El recurso de apelación critica que el despacho instructor otorgó pleno valor probatorio a los documentos aportados por la defensa de Claudia Ximena Calderón León, tales como certificaciones bancarias y declaraciones tributarias, sin contrastarlos con una pericia técnica independiente. El recurrente argumenta que aceptar la tesis de la defensa sin realizar un cruce de información financiera de los familiares de la disciplinada constituye una omisión del deber de investigación integral.
Asimismo, el documento rebate la interpretación sobre la prescripción de la falta. Mientras que el auto de archivo sugería investigar solo los bienes de los últimos cinco años, el recurso sostiene que, tratándose de un incremento patrimonial injustificado por parte de Calderón León, la conducta es permanente mientras el incremento persista en su patrimonio, por lo que el Estado no puede renunciar a su potestad de investigar la totalidad de los activos cuestionados.
En definitiva, la solicitud de revocatoria busca que se reabra el caso para aplicar herramientas como el Artículo 444 del Código General del Proceso y solicitar apoyo al CTI de la Fiscalía. El objetivo es determinar con rigor técnico si el patrimonio de Claudia Ximena Calderón León y sus allegados se ajusta a la legalidad, garantizando que la justicia disciplinaria no se vea truncada por limitaciones administrativas internas de la Procuraduría.
