A pocos días de que se defina la presidencia en la segunda vuelta electoral, la relación entre la campaña del candidato Abelardo de la Espriella y los medios de comunicación ha entrado en una fase crítica. Las recientes investigaciones periodísticas sobre el entorno del aspirante han desencadenado una serie de respuestas que, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representan un riesgo directo para el debate democrático y buscan deslegitimar la veeduría ciudadana.
Cuestionamientos y confrontación judicial
El detonante de la más reciente controversia fue la publicación de un artículo en la Revista Cambio el pasado 16 de junio, el cual señalaba presuntos pagos millonarios de la campaña a una empresa fantasma. En respuesta, tanto el candidato como su equipo legal rechazaron de manera tajante los hallazgos, calificándolos de falsos. A través del movimiento Defensores de la Patria, se emitió una solicitud de rectificación que acusaba al medio de ejecutar una estrategia para alterar los resultados electorales, etiquetando además al periodista Daniel Coronell bajo sesgos ideológicos.
La escalada verbal continuó en plataformas digitales y medios televisivos. El abogado de la campaña recurrió a las redes sociales para señalar una supuesta responsabilidad ética indirecta del medio en la comisión de delitos, mientras que el propio De la Espriella afirmó en una entrevista televisiva que los comunicadores que realizan proselitismo político no tendrían un panorama favorable bajo su eventual mandato. Para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, este tipo de declaraciones sugiere una preocupante disposición a otorgar un trato diferenciado a los periodistas con base en su nivel de afinidad con el poder.
El fenómeno del acoso digital
La situación alcanzó un nivel de mayor complejidad el 18 de junio, cuando una cuenta de soporte a la campaña presidencial publicó información privada sobre los desplazamientos del periodista Daniel Coronell. Esta práctica, identificada como doxxing, trasciende la discusión política y se convierte en una modalidad de violencia digital que pone en riesgo la integridad física del comunicador. Ante este escenario, la FLIP solicitó la intervención inmediata de las autoridades de protección y urgió al candidato a desautorizar públicamente estas conductas entre sus seguidores.
Nota clave: En los sistemas democráticos, quienes aspiran a la jefatura de Estado están sujetos a un riguroso escrutinio público. El uso de la estigmatización y el acoso judicial como herramientas de réplica debilita la confianza ciudadana y restringe el flujo seguro de información.
Garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico, incluso cuando las investigaciones resulten incómodas para las campañas, es un requisito indispensable para que la sociedad tome decisiones informadas en las urnas.
